domingo, 14 de abril de 2013
Hoy los ciudadanos
y ciudadanas nos sentimos impotentes ante situaciones inéditas y de una
gravedad inusitada en nuestro país. Diariamente hay un buen número de
manifestaciones en España que, según estamos viendo por los resultados, no
tienen influencia alguna en la
vida política, social y económica del país. Por mucho ruido que se haga, todo
parece resultarle indiferente al Gobierno actual. Es decir, nuestros
representantes que han sido elegidos democráticamente, y que ahora dirigen
nuestro país, no nos hacen ni caso.
Surgen, por tanto,
iniciativas de todo tipo que chocan frontalmente con la cerrazón de un Gobierno
alejado de la ciudadanía por completo. En base a esto ¿puede extrañarnos o
hacernos rasgar las vestiduras el hecho de que determinados colectivos decidan
pasar a otro tipo de acciones?
Esas acciones hasta
ahora se concretan en increpaciones en público a determinados políticos, a los
diputados desde las tribunas del Congreso y manifestaciones, totalmente pacíficas,
ante los domicilios de determinados
políticos. Algunas de estas acciones, personalmente, no las comparto, pero mi
pregunta es: ¿no resulta comprensible que los ciudadanos impotentes, ante tanto
desmán político, decidan realizar
acciones que si bien no entran dentro de los cánones democráticos, tampoco lo
estaría el hecho comprobado de que no se escuchen cuestiones básicas y
elementales de sus vidas?
¿Nos hemos de
extrañar que los españoles y españolas acudan a otras vías pacíficas para
reivindicar sus derechos y protestar por lo que consideran no es justo ni se
les dijo, ni advirtió antes de las últimas elecciones?
Es muy fácil para
determinados políticos rasgarse las vestiduras, cuando se presenta una
manifestación a la puerta de sus casas. Verdaderamente esto debería tener unos
límites, entre los cuales el más importante sería el del respeto a la familia,
aunque la familia sea un todo dentro de la individualidad de sus miembros, pero
habría que saber distinguir.
Lo que cada vez
tienen menos claro los juristas es que este tipo de “acoso” o “escrache” como
le llaman en los medios, sea ilegal, pues se basa en elementales y básicos
derechos como son el de reunión, manifestación y crítica.
Hacer lo que ya se
está haciendo en Madrid e intentando hacer en otros lugares, como imposición de
multas y expedientes gubernativos, sería
seguir dando pasos inciertos en el camino equivocado y tratar de poner una
mordaza más a la ciudadanía que ya se siente bastante impotente de por sí ante
determinados hechos. La represión policial y gubernativa no suele lograr el
objetivo indicado, sino antes al contrario… hace brotar nuevas acciones y
objetivos, que cada vez podrían ser más violentos. Se debería tener muy en
cuenta.
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