jueves, 5 de diciembre de 2013
Cuando nos disponemos a celebrar el día de la
Constitución, nos encontramos con algunas peculiaridades este año. Nuestra
carta magna ha sido muy respetada, incluso por quienes no la votaron y durante
estos treinta y cinco años ha sido de gran utilidad y se han alcanzado en
España cotas de desarrollo y bienestar incomparables a otras épocas. Los
niveles de democracia y libertad alcanzada han sido grandes, pero sin embargo
hay “peros” que empiezan a convertirse en un lastre para la Ley de Leyes
española.
Nos encontramos en la actualidad con
varias cuestiones objetivas. Nuestra Ley Suprema no ha sido votada por una
parte importante de español@s por cuestiones generacionales. El mundo y la
sociedad española ha evolucionado y mucho, y además la Constitución ha sido
utilizada, de alguna manera, exprimiendo hacia mínimos inaceptables, legislaciones
muy restrictivas en cuanto a derechos, libertades y estado de bienestar, de
manera especial en estos dos últimos años. No hay más que ver los vaivenes a
los que se ve sometida la sanidad pública, la educación, la dependencia, las
pensiones, todos ellos pilares básicos de un estado social, de lo que venimos
llamando el Estado de Bienestar.
Si por ende hemos jugado con el
Tribunal Constitucional, su máximo intérprete hasta extremos exageradamente
partidistas, la situación se agrava bastante. Todo ello aprovechado por los “voceros
de derechas” con sus medios de comunicación y periodistas afines al ultra
conservadurismo, como avanzadilla, apoyados por una parte importante de
empresarios, banqueros y capital, hacen tambalearse los logros conseguidos apoyándonos
en la Constitución y, sobre todo, amenazan por convertirla en papel mojado.
Es entonces cuando nos hemos dado
cuenta de que deberíamos dotarnos de un texto que de alguna manera no estuviese
al libre albedrío del partido gobernante, sino que debería haber cuestiones
básicas redactadas de tal modo que no estuviesen sujetas a interpretaciones
restrictivas muy por debajo de las posibilidades que la misma ofrece.
La insuficiente regulación
legislativa del funcionamiento de la Jefatura del Estado, que estaba poco menos
que dejada a la voluntad del monarca, es otra cuestión que no es baladí.
Pero si todo esto es alarmante, para colmo una comunidad autónoma,
a la que el Constitucional le negó parte importante de la última reforma de su
estatuto, decide intentar un salto a la nada o lo que es lo mismo a la
independencia, las alarmas saltan y un partido político, el PSOE, busca una
inteligente solución apelando a un régimen federalista, pues está claro que las
autonomías, a pesar de la valientes y arriesgadas reformas estatutarias que
realizó Zapatero, empiezan también a hacer aguas por distintos sitios.
A partir de aquí, todo está por hacer. La pregunta sería quién
y cómo… está claro que l@s representantes del pueblo español y algunos como l@s
socialistas ya estamos dispuestos a ello. Si no puede ser por consenso, pues
tendrá que ser por las mayorías que pida la propia Constitución, pero hay que pensar que todo sería posible.
Partimos de una realidad: prácticamente todos los partidos
políticos están de acuerdo en la reforma, unos con más énfasis y otros con
menos, unos con mayor amplitud y otros de una manera algo más pacata, pero en
todo caso hay un primer consenso y es la necesidad de la reforma.
No podemos esperar que pase la crisis y los “ánimos” se
calmen, como algún político del PP piensa, no sé si el mismo Rajoy, y
olvidarnos de cambiar en profundidad nuestra democracia. Eso no sería honesto
ni política, ni humanamente… no se puede engañar, una vez más, a todo un pueblo. El pueblo, la ciudadanía
pide cambios profundos y esos hay que hacerlos con responsabilidad y con
coherencia y, por supuesto, con consenso.
No es posible tampoco, como pueden preconizar algunos,
volver a las Leyes Orgánicas que puedan suplir lo que la Constitución dice o no
dice. Esto ya no dará resultado –a la vista está- pues siempre habrá un
Tribunal Constitucional que puede hacer como con el Estatuto de Autonomía de
Cataluña. Los cambios hay que reflejarlos directamente en el texto
constitucional.
En realidad, si dejamos al margen algunas leyes recientes
que desvirtúan claramente el sentido de nuestra Constitución, las reformas del
texto, aun siendo importantes y fundamentales, tampoco consistirían en destruir
lo construido sino antes al contrario profundizar en la democratización del
país y regular una serie de mecanismos básicos para evitar la corrupción, para
que las instituciones, todas, funcionen
con un mayor índice de democracia y el Estado social esté asegurado durante
generaciones, así como un correcto funcionamiento de un futuro Estado Federal.
Es un empeño y un trabajo que compete a tod@s l@s español@s
con sus representantes al frente, con el único fin de asegurar una paz social y
un bienestar más duradero, estable y eficaz. Un reto, para la política, esa
digna actividad, y para los políticos, que debemos cumplir por encima de todo
puesto, que es lo que el pueblo nos demanda y nos viene pidiendo desde hace más
de dos años.
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